El cuento de la minería ilegal

– 28/04/2013 

POSTED IN: HABLANDO CLARO

Estudios académicos, campañas de la gran prensa, declaraciones de guerra y diálogos de paz, toda una estrategia.

El estudio se denomina Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia V Informe 2012, y es obra del Centro Internacional de Toledo CITpax Colombia y Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz. Aparece firmado por FredericMassé como Director del Área del DDR y Johanna Camargo como Asistente de Investigación. Un ejemplo perfecto de cómo los grandes poderes moldean la realidad de acuerdo con sus intereses.

Lo cual desde luego no se queda en el puro campo académico. Importantes medios de comunicación se encargan de divulgar y repetir su contenido a objeto de fijar en la mente del público la idea que se persigue crear. La revista Semana dedica números especiales al tema o produce informes periódicos que se apoyan en esos estudios. Las cadenas radiales y de televisión hacen eco. El Presidente Juan Manuel Santos se encarga de decretar la nueva cruzada.

El trasfondo económico de la política

Nuestra idea es develar toda esa gran mentira, mostrar cómo se engaña a la gran masa de la población, cómo se santifica a los verdaderos monstruos y cómo el desmedido afán por el lucro impone sin pudor la más torcida versión de los hechos. Desde su llegada a la Presidencia, y con el anuncio de su plan de gobierno, Juan Manuel Santos y su corte declararon la guerra abierta a la llamada minería ilegal y al supuesto aprovechamiento que de ella hacemos las FARC-EP.

Simultáneamente su gobierno inició los acercamientos para celebrar conversaciones de paz con nosotros. Cabe preguntarse entonces por la relación que existe entre una y otra de sus conductas políticas, puesto que por un lado se emprende una campaña para mostrar a las FARC como una fuerza perversa y envilecida dedicada al enriquecimiento fácil, mientras que por el otro se las invita a conversar partiendo del reconocimiento de su carácter político y la justeza de su causa.

La razón que hizo llegar el Presidente Santos al camarada Alfonso Cano, fue que en su parecer, gran parte de la Plataforma de los diez puntos de las FARC resultaba válida, aunque no compartía que se la pretendiera conseguir por medio de las armas. Proponía buscar una solución de naturaleza política. Lo cual no excluía, tal como quedó demostrado luego, que su propósito de aniquilarnos seguía intacto. Prender una vela a Dios y otra al diablo debía tener su causa.

Y ella salió pronto al descubierto con su discurso sobre la Prosperidad. De alguna manera, la clase dominante en Colombia volvía sus ojos hacia la tierra y el territorio como las más importantes fuentes de riqueza. Algunos han llamado a esto reprimarización de la economía, un regreso al sector primario, pero inspirado ahora por la necesidad de incrementar las ganancias para el gran capital financiero especulativo del orden transnacional. Por eso hablan de financierización.

La gran minería se convirtió de repente en la principal locomotora que jalonaría el desarrollo del país. Exploración y explotación de hidrocarburos, reproducción a gran escala de la explotación carbonífera, grandes proyectos de extracción de oro y otros metales no preciosos pero de gran mercado técnico industrial como el níquel, el tungsteno y el coltan. El más modesto cálculo previóinversiones en el sector de por lo menos veinticuatro mil millones de dólares entre 2010 y 2020.

Treinta y ocho millones de hectáreas podrían destinarse a exploración y explotación petrolera y otros once millones a la extracción minera. También se estableció que el agro sería otra importante locomotora. Doce millones de hectáreas podrían destinarse a explotación forestal. Y se contaba además con la gigantesca selva como dispensadora genética y de biodiversidad, nuestra siguiente gran apuesta, como aseguró con avaricia el ministro Mauricio Cárdenas.

Y estaba además previsto el sueño de los agrocombustibles. En la sola Orinoquía se podía contar con seis millones de hectáreas, más enormes extensiones en el resto del país. Grandes plantaciones de caña de azúcar, maíz y palma aceitera, entre otras, tendrían por objeto la producción de etanol y biodiesel para el mercado mundial. Otras grandes porciones de tierra podrían venderse a firmas extranjeras para la producción de alimentos de exportación.

Por eso el asunto de la tierra y el territorio regresaba al primer plano de las prioridades. Gobiernos anteriores se habían ocupado del despojo violento a fin de preparar las condiciones. Ahora resultaba indispensable regularizar la propiedad, establecer dueños con título que pudieran vender sus extensiones, o arrendarlas, o asociarse con las compañías foráneas. Reducir las reservas naturales, fijar límites precisos a las tierras comunitarias de indígenas y afros.

Así todo comienza a verse claro. El cuento humanitario de la ley de víctimas y restitución de tierras adquiere su verdadera dimensión lucrativa. Y se comprende la dirección en que apuntaba el proyecto oficial de tierras y desarrollo rural, en buena hora enredado por el asunto de las consultas previas. Claro, bajo la sombra de la locomotora de la infraestructura, ya camina en el Congreso un proyecto de ley destinado a regular y agilizar esas incómodas consultas.

Pero para no irnos por las ramas, volvamos a los diálogos. La única Agenda de Conversaciones que resultaba admisible para el gobierno, era aquella que en su numeración excluyera todos los asuntos relacionados con la economía y la sociedad, excepción hecha del tema de la tierra. Participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos, víctimas e implementación de los acuerdos eran obvios al objetivo buscado, pero definir para siempre lo de la tierra resultaba fundamental.

Es por eso que los voceros gubernamentales, bajo el título interesado de Política Agraria Integral, lo ubicaron en primer plano. Lo demás que pudiera considerarse combustible del conflicto podría quedar en un preámbulo que se estimó retórico. Y aquí viene la otra parte que toma forma como consecuencia del proyecto minero. Aseguran muchos expertos que, por la presión militar de los años anteriores, las FARC fueron a parar en las más lejanas zonas del territorio nacional.

Las mismas que ahora resultan indispensables para la locomotora minera. Cifras oficiales fijan en noventa mil los miembros de las fuerzas militares destinados sólo al cuido de la infraestructura de los grandes proyectos petroleros y mineros. Si se aspira a que la locomotora se extienda a muchos más territorios que los que hoy ocupa, se necesitaría multiplicar también por varias veces el número de hombres de las fuerzas armadas dedicados a su seguridad.

Algo que con cabeza fría resulta imposible. Por eso se convierte en asunto de primer orden solucionar el problema guerrillero. Conseguir como sea su desvertebración, su desmovilización, su desaparición. La regla básica del mundo del mercado se llama la confianza. Sin ella no cabe pensar en inversión alguna, ni en minería ni en agrocombustibles. Lo primero que van a querer saber los grandes consorcios es con qué garantías cuentan. Con guerrillas no va a existir confianza.

Está claro entonces qué es lo que mueve a la administración Santos a procurar la desmovilización de las FARC por vía de los diálogos. Sin disminuir ni un segundo la enorme presión militar. Con un enorme susto, además. Las corporaciones mineras no son ningunas santas. Su dudosa moral está probadamente demostrada en Colombia o en África. Movidas por el lucro podrían preferir pagar a las guerrillas para evitarse líos. Lo cual podría fortalecerlas éstas de nuevo en grado impensable.

Así que por una cosa u otra es urgente acabar con las FARC. No puede descartarse su influencia en muchos sectores inconformes que pueden ver en ellas su esperanza. Así también hay que matarlas moral y políticamente. Es entonces cuando entran a jugar toda clase de invenciones y recursos. Hay que atribuirles los más odiosos crímenes, la lesa humanidad, el despojo de millares de campesinos, el narcotráfico, los jugosos ingresos que derivan de la minería ilegal.

De ese modo toman cuerpo estudios como el que mencionamos al comienzo, del que pasaremos a ocuparnos. E informes especiales como los que publica con frecuencia la revista Semana. Quién sabe si sería hilar muy delgado afirmar que siendo el director de la revista Semana el sobrino favorito del Presidente, su labor difamadora contra las FARC no resulta más que un pequeño aporte familiar al proyecto de la locomotora minera transnacional.De todo se ve en esta vida.

La presuntuosa seriedad del informe de CITpax

Uno supone, sin tener demasiado conocimiento en verdad sobre ella, que debe tratarse de una organización respetable. Pero basta con leer su informe para convencerse de todo lo contrario. Una más de toda esa profusión de organizaciones no gubernamentales que se trajo consigo el gran capital en su fase neoliberal. Mercenarios intelectuales, aunque quizás este último término resulte excesivo. Misioneros modernos que en lugar de crucifijos exhiben estudios y títulos académicos.

No puede ser seria una investigación sobre cualquier tema si parte de supuestos absolutos e incuestionables. La ciencia, y con mayor razón si es social, debe abordar cualquier fenómeno de modo concreto, en su totalidad. Si se piensa estudiar el tema de la minería ilegal en cualquier país, se debería al menos hacer una descripción lo más objetiva posible del país en cuestión, de su historia minera, de los conflictos que envuelve esta, de los intereses que la circundan.

CITpax cumple por el contrario con un abordaje abstracto de la realidad minera colombiana. Su visión recuerda un cuento infantil en el que de un lado están los buenos, el gobierno nacional, las compañías extranjeras, las fuerzas militares y de policía, las autoridades locales, y del otro están los malos, los grupos armados ilegales, dentro de los que de entrada califica como el más perverso y poderoso a las FARC. Su realidad parte de ideas preconcebidas que ni siquiera cuestiona.

En cambio, a objeto de invocar legitimidad para su estudio, los autores dedican casi media página de notas de pie a citar obras e investigaciones que se ocupan del tema de las relaciones entre la minería y los conflictos armados en diversas partes del mundo. Como si esas referencias fueran suficientes para que su estudio adquiriera seriedad. Al parecer varios de ellos develan el nefasto papel del capital transnacional en muchos países, cosa que ni siquiera llama a pensar a CITpax.

Porque su posición ya está tomada de antemano. Aunque del estudio pudieran desprenderse conclusiones nada favorables a la actuación de  las compañías multinacionales, eso no tiene en realidad importancia. La dirección de la investigación ya está dispuesta. Valerse de la experiencia vivida con los grupos paramilitares de antaño, para asegurar que todo cuanto estos hicieron, lo replican ahora otros grupos armados ilegales, pero entre ellos y sobre todo las FARC.

Y ello por encima de su propio reconocimiento de que el trabajo de campo para la investigación es demasiado complicado por muchos factores, y que no proporciona en ningún caso pruebas contundentes. Sin embargo, parten de una premisa fundamental, no estigmatizar a ningún proceso extractivo a gran, mediana o pequeña escala. O como quien dice, ignorar o soslayar cualquier responsabilidad que pueda imputarse al sector privado extractivo.

Se trata de absolver al gran capital mientras se arroja toda el agua sucia sobre las FARC. Sin hacer el menor esfuerzo por disimularlo. De entrada descartan que el desplazamiento forzado, pese a las evidentes correlaciones, pueda ser atribuido a las actuaciones del sector minero energético, porque se trata de un fenómeno muy complejo en el que muchos otros factores entran en juego. El punto de partida, repiten, es no estigmatizar a ningún actor económico.

En el lenguaje de los economistas neoclásicos, sostienen que el interés de los grupos armados hacia la minería ilegal hace parte de su necesidad de diversificar su portafolio de actividades ilegales. Su propio reconocimiento de que sólo un 14 por ciento de las 53 toneladas de oro extraídos del país en el 2010 corresponden al sector minero legal, debiera inspirarles la idea de que precisamente es la ambición por el restante 86 por ciento lo que da lugar al actual escándalo.

El gobierno nacional y las grandes compañías transnacionales obran movidas por el afán de apoderarse de la totalidad del negocio minero. Los artesanos e informales deberán articularse de algún modo a sus proyectos productivos, del mismo modo que los pequeños propietarios rurales deberán asociarse, arrendar o vender su tierra a los inversionistas de los agrocombustibles. Las FARC, que los representan y defienden, deben ser extinguidas y condenadas al infierno como sea.

El estudio hace parte de ese propósito. Es así como ignora el hecho histórico imborrable de que las FARC se aprestan a cumplir medio siglo de lucha armada, período durante el cual fueron ubicándose, en desarrollo de un proyecto estratégico de larga data, en las áreas en las que aún se encuentran pese a la enorme embestida militar del Estado. Lo cual desmiente de entrada el argumento gratuito de que su presencia allí obedece al repentino boom minero.

Pero sobre todo, no se preocupa en lo más mínimo por las verdaderas razones que inspiran la lucha guerrillera en Colombia, ni por el carácter probadamente político e ideológico de su existencia. Olvida que doce Presidentes distintos han jurado acabar las FARC mediante la furia militar, obteniendo cada vez una nueva frustración. Y que varios de ellos han recurrido al diálogo y las conversaciones con mediación y reconocimiento internacional para los alzados en armas.

Lo cual necesariamente implica que el movimiento guerrillero colombiano es una realidad completamente distinta a la estúpida asimilación que se hace de él con los grupos delincuenciales de carácter paramilitar o criminal existentes en el país. Pero nada de ello mueve siquiera la curiosidad investigativa de los elaboradores del estudio. Repetirán en cambio de modo incansable y sin el menor pudor, lo que sus patrocinadores en el exterior quieren y necesitan oír.

Que las FARC son una organización criminal de narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas, asesinos y torturadores. Y para ello encontrarán fundamento en un sin número de fuentes que por su solo nombre les inspiran toda credibilidad. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo. La Fiscalía General de la Nación, los organismos de inteligencia de las fuerzas militares y de Policía, otras oenegés iguales a CITpax y, desde luego, los grandes medios.

Así resulta posible echar a Timoleón Jiménez, Iván Márquez o Ricardo Téllez, del Secretariado Nacional de las FARC, en el mismo saco en que se incluye a Macaco, Mancuso o Pantera, auténticos bandidos que edificaron su poder en connivencia con el alto mando militar del país y en contubernio con su clase política, realidades que los investigadores prefieren ignorar ahora que esta misma clase política abriga tan buenos propósitos con las multinacionales mineras.

Ricardo Téllez, nombrado en la Comisión Internacional de las FARC muchos años atrás, necesitado de una cobertura con la cual presentarse en diversos escenarios del exterior, recurrió a la creación de una empresa ficticia de su propiedad, con la razón social de su apellido natal, Granda. En sus tarjetas de presentación se puso como Gerente de la empresa. La ficticia firma apenas figuró en el papel, jamás realizó ninguna transacción comercial de ninguna naturaleza, ni aquí ni el exterior.

Casi el equivalente a la creación de un correo electrónico de hoy, a objeto de suministrar alguna dirección para comunicarse. En su afán de criminalizar las FARC-EP, alguien informó que en Caucasia, Antioquia, Colombia, aparecía registrada una firma comercial a nombre de Rodrigo Granda, por entonces bautizado por los medios como el Canciller de las FARC. Inmediatamente la empresa de papel fue convertida en una operación de lavado de dólares.

El Departamento del Tesoro la incluyó en su famosa lista Clinton, más por el simple hecho de aparecer a nombre de un mando de las FARC que por cualquier otra cosa, puesto que la empresa no poseía ningún bien material. Como por arte de magia le aparecieron de repente una supuesta mina de oro y una serie de transacciones relacionadas con el narcotráfico. Todavía estudios como el que referimos y publicaciones como Semana repiten la farsa cada vez que pueden.

Y se citan entre unos y otros como  fuentes de la información, en una práctica despreciable que pretende posicionar como respetable la actividad investigativa del otro. En las crónicas de Semana son fuente estudios como este de CITpax, y en ese tipo de trabajos aparece la revista Semana repetidamente como fuente en la que se sustentan sus informaciones. Así es como funciona la red de desinformación y embrutecimiento que sirve a los intereses del gran capital transnacional.

Lo más sorprendente es que por encima de la notoria fragilidad de las pruebas y trabajos de campo con que se fundamenta la obsesiva acusación contra las FARC, merecen toda la credibilidad para los autores de la investigación, mientras que cuando aparece de bulto la actividad criminal de las compañías multinacionales mineras, los autores de la investigación encuentran el modo para sembrar deliberadamente las dudas y eximirlas de cualquier condena.

Igual sucede con las responsabilidades imputables al Estado y las fuerzas armadas regulares, que brotan de manera silvestre en gran parte del trabajo de investigación. Recurrir a un área de conflicto implica escuchar a todos cuanto lo padecen, pero es evidente que cuando se trata de personas u organizaciones que señalan la violación impune de sus derechos por cuenta de agentes estatales, la consecuencia obvia es soslayada y minimizada de manera descarada en el estudio.

Lo cual contrasta con la imaginación desmedida de los autores para denostar contra las FARC. Llegan a acusarnos de poseer nuestras propias refinerías de crudo, a fin de obtener la gasolina necesaria en los laboratorios de cocaína. Y de interesarnos en la explotación de tungsteno porque este material resulta fundamental para la construcción de misiles antiaéreos. El propio Ian Fleming no hubiera concebido tal invención, pero La Policía colombiana sí. Es el extremo de lo absurdo.

Nadie financió a CITpax para que fuera a las zonas mineras a investigar y revelar la verdad. Organizaciones no gubernamentales como esa acuden a las áreas de conflicto con una misión fijada de antemano por sus patrocinadores. Del mismo modo como los grandes medios de comunicación, propiedad de poderosos consorcios, presentan falsamente los hechos para que sirvan a los intereses económicos de las compañías con las que contratan su publicidad.

Es el círculo vicioso del mercado. Se trata de aprovechar todas las posibilidades de obtener grandes ganancias, así haya que pisotear pueblos enteros. El estudio no oculta la enorme importancia que la seguridad privada, en todas sus modalidades, obtiene con la información exagerada y tergiversada sobre la realidad de la confrontación. Firmas nacionales y extranjeras pescan felices en ese río revuelto. Cosa sobre la que también los investigadores tienden la sombra.

Concluyamos. Los centros económicos del poder mundial determinaron que Colombia debe jugar un papel de importancia temporal en el suministro de energía y materias primas. Y se propusieron saquear sus recursos, con la complacencia de la clase dirigente del país. Al costo humano, ambiental, social y económico que signifique. Para ello les es necesario destruir a las FARC. Arremetida militar y política, diálogos, falsos estudios y grandes medios trabajan unidos en eso.

Montañas de Colombia, 26 de abril de 2013.