El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dice que las Farc pensaban que tema agrario era de su propiedad política.
Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, sabe de antemano la responsabilidad que tiene con el tema de la restitución de tierras, de la que dice tiene muchos críticos, amenazas y retos por sortear, pero en lo que es inamovible es en el cumplimiento de la ley, de la que, asegura, no se negocia.
Restrepo admite que el camino de la restitución no es fácil y que esa ruta tiene dificultades que se tienen que ir sorteando con el tiempo.
Además, asegura que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no es materia de negociación en la mesa de diálogo que emprendió el Gobierno con las Farc, porque la norma, simplemente, “se cumple, no se negocia”.
Cuenta que en las denuncias que han hecho los reclamantes de las tierras se ha logrado establecer que la guerrilla y los paramilitares han sido los mayores despojadores de territorios y anota que los mayores enemigos de este proceso que emprendió el Gobierno son, como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, tanto de “extrema izquierda como de extrema derecha”.
No duda Restrepo en afirmar que la extrema izquierda “creía que el tema agrario era de exclusiva propiedad política suya”, y subraya que el serio programa emprendido por el Gobierno dejó en evidencia que esto no es un “patrimonio” de estos sectores.
La restitución de tierras ha sido objeto de muchas críticas que se agudizaron con los cuestionamientos hechos por ‘Iván Márquez’ , ¿qué lectura la da usted a esas observaciones?
Mire, debo decirle esto, la Ley de Víctimas y de restitución de tierras lleva seis meses de vigencia desde cuando terminó de ser reglamentada y en materia de restitución se ha hecho mucho más en estos seis meses de vigencia que lo que nunca se hizo en el país en los últimos 60 años. Ese es un punto que es importante que los críticos evalúen.
Además de la crítica, ¿cuáles son los mayores obstáculos que han encontrado en el proceso de restitución?
Bueno, primero están los jurídicos, porque cada predio es una historia, esto no es que por una ventanilla entre una solicitud de restitución y por la otra salga el título como algunos pretenden, hay que observar un debido proceso; hay que respetar las instancias para que quienes creen tener más derecho que el reclamante, para que hagan parte en el proceso; hay que ir al terreno; hay que hacer medir cada predio; hay que tomar testimonios de modo, tiempo y lugar de cuándo fue el despojo. Cuando la administración considera que la reclamación es seria, acompaña a la víctima hasta los estrados del juez agrario.
El tema es jurídicamente complejo porque estamos tratando un tema complicado que es la propiedad y hay que manejarlo con mucho cuidado.
Y, ¿la seguridad de los reclamantes? Se dice que existe una campaña de exterminio en contra de los líderes…
El segundo tipo de dificultad, precisamente, tiene que ver con la seguridad de las víctimas, de los reclamantes, porque no se puede excluir que así como hay unos grupos que se tomaron unas tierras ajenas por la fuerza existen algunos pequeños grupos que quieran mantenerlas por la fuerza y el amedrentamiento.
Se están tomando todas las medidas prudentes y posibles para proteger de la mejor manera a tantas víctimas, en colaboración con las fuerzas de seguridad.
¿Quiénes más atentan en contra de este proceso?
Por último, están los indiferentes. Gente insensible que quisiera que el proceso se detuviera y que nunca han tenido sensibilidad alguna con las víctimas, nunca les han quitado un palmo de tierra ni las han violentado y son indiferentes al profundo aliento social que tiene este proceso.
¿Esos indiferentes son los críticos y los que rechazan este proyecto del Gobierno?
Pues hay unos que formulan críticas fundadas, pero hay otros que lo que quisieran es que se paralice el proceso y que no siga adelante, cosa a lo cual no va a acceder el Gobierno de ninguna manera.
La Ley se aplica
¿En qué orilla están esos enemigos?
Pues el propio Presidente lo ha dicho: hay enemigos en la extrema izquierda y la extrema derecha.
El Presidente dijo a finales de semana que con la restitución se les está quitando una bandera a las Farc y que eso les duele…
Es que las Farc y algunos grupos de extrema izquierda creían que el tema agrario era de exclusiva propiedad política de ellos y el Gobierno ha salido con una política moderna, trasformadora, respetuosa del derecho, pero con una política importante y entonces no quieren verse privados de lo que creían era un privilegio de exclusividad para ellos.
Ha quedado claro que las banderas de estas reivindicaciones agrarias no son solo patrimonio de la guerrilla, sino que el Gobierno está adelantando una política de gran aliento y gran dinamismo y eso a algunos les molesta.
¿El tema de desarrollo rural se vuelve un eje central del proceso de paz con la guerrilla?
La política de restitución de tierras, entendiendo como tal, la que está consagrada en la Ley 1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), no es negociable, como no es negociable ninguna ley de la República. Esta ley se cumple, no se negocia.
Entonces, ¿qué estará en la mesa?
Cosa distinta es que, como se ha sabido, hay unos temas en la agenda que se convino con las Farc atinentes a la política agraria, a la política de desarrollo rural que ya comenzarán a ser discutidas en La Habana por los negociadores.
Pero esas negociaciones que se van a abrir no implican, de ninguna manera, que se vaya a llevar a la mesa de negociación la restitución de tierras consagrada en la ley. Esa política está consagrada en una ley vigente, que el Gobierno la está haciendo cumplir con decisión y que no es negociable como tal.
Ministro, ¿en manos de quién se encuentran esas tierras, quiénes las despojaron?
Según los testimonios de las propias víctimas, a quienes se les hace una entrevista cuando presentan la reclamación, la mayoría de los despojos son responsabilidad de la guerrilla o los paramilitares.
Del número de solicitudes que se han recibido, el 34,92% dicen las víctimas que fueron despojadas por la guerrilla y 34,61% por los paramilitares.
Es decir, cada uno de los dos grupos, casi por parejo, es culpable de un tercio de los despojos.
El proceso de restitución
¿Cómo va la implementación de la Ley, en el tiempo que lleva de vigencia?
La ley de restitución va muy bien, se están cumpliendo todos los términos, se han creado todas las instituciones que dispuso la norma para esos efectos: la Unidad de Restitución de Tierras, los jueces agrarios.
Hemos recibido casi 25 mil solicitudes que se están evaluando, por un millón 700 mil hectáreas y ya esta semana empezaron a salir los primeros fallos, porque quienes tienen la última palabra en este tipo de procesos son los jueces agrarios. El fallo se refiere a Mampuján en los Montes de María, vamos a tener fallos restitutorios que nunca se habían visto en el país y creo que se les ha empezado a cumplir la promesa a los desposeídos de la tierra de que los ayudaremos a que las devuelvan.
¿Cuál es la meta para este año?
Propiamente no tenemos meta, sino que se atienden tantas reclamaciones, cuantas presenten las víctimas. Ya tenemos en marcha y en elaboración cerca de 3.000 demandas que están en vía de llegar o ya llegaron a los jueces y esas serán el número de demandas con las que se terminará este año.
Los jueces tienen unos términos para fallarlas, de manera que se irá viendo, a partir de Mampuján, frecuentes fallos de restitución de tierras en lo que resta de este año.
¿De cuántas hectáreas se estaría hablando con base en los procesos a los que usted hizo referencia?
Esas van a ser, por lo menos, 300 mil hectáreas.
Usted en su momento dijo que en Colombia no existe un censo de tierras, ¿se ha avanzado este proceso?
Se está adelantando, es un rezago de 200 años que, prácticamente, representan la vida Republicana del país, los inventarios de las tierras baldías o fiscales son deficientes. Se está haciendo por pedazos, se está haciendo mucho, estamos empezando a desatrasarnos, pero esa tarea de tener un inventario muy al centímetro de las tierras del país es absolutamente importante para el Gobierno.
Se dice que la tierra arrebatada es del orden de los ocho millones de hectáreas y, según cifras, se ha avanzado en 1,8 millones de hectáreas. ¿En este cuatrienio esperan completar esa cifra de terrenos arrebatados?
Esa cifra de ocho millones no la comparte el Gobierno, no es con la que estamos trabajando.
Las cifras más serias y confiables son las que dicen que durante en el último cuarto de siglo se abandonaron forzosamente en el país unas cuatro millones de hectáreas y se despojaron unas dos millones de hectáreas, o sea seis millones. Y de estas, 1,8 millones de hectáreas es el número que entrañan las reclamaciones que han entrado en los procesos, que se están analizando para ver qué tan bien fundadas son. Aquellas que se encuentren bien fundamentadas y estén en áreas donde los problemas de seguridad estén manejados, se llevarán a consideración de los jueces.
Es un resultado bastante importante, teniendo en cuenta que la ley lleva, como le dije hace un momento, seis meses de vigencia práctica. Nunca se había hecho en Colombia un esfuerzo como el que estamos haciendo en materia de restitución como nunca se había hecho en 60 años atrás.
¿Qué les responde usted a quienes dicen que el sector rural no tiene dolientes y que eso ha conllevado a que la pobreza habite en el campo colombiano?
Precisamente quien analice con objetividad las políticas que se vienen adelantando desde el 7 de agosto de 2010 en materia de restitución, formalización y desarrollo rural verán que la inequidad rural sí le ha aparecido un doliente muy comprometido.
¿La titulación va en paralelo a la restitución y es una herramienta importante para la reparación como lo dijo el ministro del Interior, Fernando Carrillo?
El Gobierno, desde el 7 de agosto, viene trabajando en eso. La formalización es un tema importante, es paralelo aunque no es idéntico a la restitución. Llevamos en lo corrido de este Gobierno más de un millón de tierras formalizadas y este es uno de los instrumentos más útiles para ir sacando al campesinado de la trampa de la pobreza, que implica no tener títulos formales de propiedad, porque quien no tenga escrituras no tiene acceso al crédito, a la hipoteca, al subsidio. De manera que una de las políticas de desarrollo rural más significativas es, precisamente, la formalización de la propiedad agraria que se hace con la titulación.
¿Con la restitución hay formalización?
Claro, la restitución que se plasma en una sentencia de un juez, esa se registra en el libro de registros públicos y la tierra restituida queda automáticamente formalizada.
¿Y, eso da derecho a acceder a los beneficios que otorga el Gobierno para emprender la cadena productiva?
Sí de inmediato, así es.
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