Gobierno aprueba ley de la Madre Tierra y afianza su control sobre la protección de la naturaleza


También define que utilizará los recursos naturales sobre la base del equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente

La Razón Digital / Mariana Pérez / La Paz
15:15 / 15 de octubre de 2012

En el acto de promulgación de la ley que establece la protección y derechos de la tierra, el vicepresidente Álvaro García afirmó que el Estado afianzará el control sobre la protección de las reservas medio ambientales, hoy bajo propiedad de ONG en la amazonia y Chiquitanía, sin que ello implique –señaló- dejar de aprovechar esos recursos sobre la base de un equilibrio entre desarrollo y cuidado de la naturaleza.

La ley de la Madre Tierra, promulgada por el presidente Evo Morales, establece derechos de la tierra, su uso racional y la preservación y conservación de los recursos naturales en el marco de una visión de desarrollo bajo el principio de respeto de la tierra. García señaló que la norma está en sintonía con la política del Vivir Bien y alejada de acciones que ven sólo con intereses económicos el cuidado del medio ambiente.

“Somos nosotros los que vamos a cuidar los bosques, no para los gringos (Estados Unidos)”, afirmó en referencia al denominado “capitalismo verde” que utiliza –explicó- a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para proteger reservorios naturales en Bolivia y otros países Latinoamericanos, pero para beneficio de transnacionales.

En Estados Unidos y otros países de Europa aquellas empresas que consiguen certificar la protección de un bosque son beneficiados con incentivos como reducción impositiva. Para ello contratan a organizaciones ambientalistas en las que invierten hasta cinco millones de dólares, pero para recibir beneficios de hasta 150 millones de dólares, sostuvo.

“Se han adueñado (las transnacionales vía ONG) de una parte de nuestra Chiquitanía y de la amazonia. Y nos quieren convertir a los bolivianos, brasileños, ecuatorianos en cuidadores de bosques”, cuestionó y añadió que ello acabó en Bolivia.

Aseguró que el Estado tomará el control de sus reservorios y los aprovechará bajo el principio del equilibrio entre el desarrollo y el respeto y protección del medio ambiente.

El parágrafo I del artículo 15 de la ley de la Madre Tierra refiere: “Impulso al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Madre Tierra de acuerdo a su capacidad de regeneración y a la capacidad de las zonas de vida de asimilar daños, reconociendo que las relaciones económicas están limitadas por la capacidad de regeneración que tiene la Madre Tierra y sus zonas de vida, en función del interés colectivo para Vivir Bien.

Recordó que, justamente en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) operan organizaciones que lograron el respaldo de sectores indígenas para resistir la presencia del Estado y el desarrollo a través de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasará por medio del reservorio. Otros indígenas respaldan la ejecución de la obra, sometida a una consulta.

“No hay gringuitos buenas gentes”, señaló la autoridad y afirmó que el desarrollo en Bolivia se hará con un equilibrio entre la generación de riqueza y la preservación de la madre tierra, sin ONG, “ni empresas depredadoras”.

Morales planteó que la norma pone en debate el cómo conservar a la Madre Tierra y en el marco de esa reflexión sostuvo que uno de los elementos apunta a generar condiciones para que las personas no busquen acumular riqueza porque es un factor que termina afectando el medio ambiente.

“¿Qué quisiera yo? estando joven, a esta altura, trabajar, porque eso es vivir bien, que no falte nada de salud y educación pero no estar pensando en acumular riqueza”, señaló y dijo que la acumulación de riqueza surge con vistas a garantizarse una vejez digna. Ante ello, sugirió que el Estado podría generar una adecuada Renta Dignidad.

La norma aprobada, entre otros aspectos prevé la formación de un Consejo Plurinacional de la Madre Tierra, el ordenamiento de zonas y sistemas de vida y la otorgación de recursos para la gestión y ejecución de planes en las entidades territoriales.

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