Sectores consideran que podría haber temas que no son inamovibles en las negociaciones, pero insisten en la necesidad de respetar la agenda.
La divergencia de criterios que quedó manifiesta en Oslo (Noruega), en el inicio de la segunda fase de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, planteó un nuevo debate sobre hasta qué punto el equipo del Ejecutivo puede ceder con respecto a las exigencias que pusieron sobre la mesa los voceros de la subversión, algunas de ellas por fuera de los puntos de la agenda previamente acordada.
Si bien los significados de negociación determinan el pulso que existe entre dos partes que buscan ventajas individuales y colectivas, así como la procura de obtener ventajas para satisfacer sus intereses, en Oslo el escenario demostró la determinación del Gobierno de no salirse de los puntos de la agenda, mientras que los voceros de las Farc mostraron su intención de procurar traspasar esas fronteras que se trazaron en el acuerdo previo.
Esta situación determinó una primera reacción del presidente Juan Manuel Santos, quien el viernes rompió su silencio con respecto al tema de la paz.
En un auditorio académico, el Jefe de Estado volvió a trazar las líneas imaginarias de esa frontera del acuerdo que se debe trabajar, delimitaciones éstas que Santos bautizó como “las líneas rojas” y de inmediato se refirió a los temas complejos que se van a negociar, para lo cual enfatizó que “sabemos qué podemos ceder y qué no”.
En su discurso materializó temas que podrían ser inamovibles en la negociación y recordó que no habrá despejes ni cese el fuego para continuar con los diálogos, incluso se aventuró a decir que si el proceso no llega a feliz término, al país “no le costará nada”.
Este desvío del camino de las Farc en el preacuerdo tiene contrastes con respecto a la visión de los analistas, ya que mientras algunos consideran que es prematuro hablar de lo que se puede o no negociar, otros tienen claro que el Gobierno debe tener inamovibles para evitar que se hable de todo, como sucedió en la experiencia del Caguán, cuando se practicó este esquema que terminó en el fracaso del proceso.
Uno de los que salió al paso de las posiciones de la guerrilla fue el expresidente César Gaviria, quien sostuvo que las Farc no pueden imponer nada que no se encuentre en la agenda que se acordó durante más de seis meses.
Para Gaviria todos esos elementos adicionales que proponen las Farc solo “quedan como para la galería” por lo que considera que finalmente “nada tienen que ver con la negociación”.
Y, sentenció: “Los señores de las Farc tienen que saber que la agenda la acordó previamente el Gobierno con ellos, y que los temas sobre los que se van a discutir y que se van a negociar son los de la agenda”.
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez también hace referencia al tema y comenta que existe una frase célebre que advierte que “uno puede ceder en lo accidental, pero no en lo esencial”.
Explica que temas como los beneficios judiciales, el acceso a la política y los mecanismos de reinserción pueden tener alguna cesión por parte del Gobierno, pero lo que tiene que ver con el “Estado de Derecho, las libertades y la separación de poderes son inamovibles que no pueden ser negociados”.
Gómez dice que en la teoría “es fácil hablar sobre el tema”, pero reconoce que hay complejidades que se presentarán en el proceso, que “deben ser manejadas en el mayor hermetismo”.
Sobre algunos de los puntos en los que se puede ceder, Gómez se refirió al tema de la tierra y dice que si bien el jefe negociador, Humberto de la Calle, dejó claro que el modelo económico no estaba en discusión, “sí es claro que ese tema de la tierra tiene que ver con ese modelo”.
La referencia a lo dicho por De la Calle que hace el exfiscal se enfoca a que el Jefe Negociador dejó claro en Oslo que el modelo económico, el ordenamiento jurídico y la concepción del Estado no hacen parte de las negociaciones y conminó a las Farc a mantenerse en el área del acuerdo que firmaron los plenipontenciarios con el Gobierno.
Coincide con esto el excomisionado, Víctor G. Ricardo, cuando ha dicho en medios que esos son temas que “no se pueden negociar, porque eso le corresponde a las instituciones democráticas”.
Pero Ricardo reconoce que sí hay otros temas que pueden tener una negociación adicional como son que existan más mecanismos de participación, la lucha contra la impunidad y la corrupción, la violación a los derechos humanos, entre otros temas.
León Valencia ha reiterado que existen elementos que pueden ser negociables y otros que no, debido a que considera que la agenda “ya está muy acordada”, incluso que tiene puntos muy coincidentes entre las partes como la restitución de tierras, la participación política, que -a su criterio- son “cosas que se pueden materializar”. Valencia coincide con los demás analistas en el sentido que la agenda política y económica no tienen discusión.
El analista Alejo Vargas se muestra más radical y advierte que tanto el Gobierno como las Farc “se van a mantener en la agenda”, porque cree que lo ocurrido en Oslo simplemente fue una exposición de posiciones para tener una “presencia mediática”.
Dice que hablar de cesiones o inamovibles “es un ejercicio tonto” porque esa es una tarea de los negociadores y no de los sectores de opinión del país, pero comenta que no se puede pensar en una negociación sin que las partes cedan, porque “ellos saben hasta dónde pueden hacerlo, además porque lo que se trata es de dialogar, por lo que no pueden haber imposiciones”.
Otra que no se aventura en vaticinar si habrá o no acuerdos por fuera de lo pactado es la exsenadora Cecilia López, quien dice que la agenda de cinco puntos que existe es complicada y sólo el primer punto, el de Desarrollo Rural, es muy amplio y va a tomar su tiempo.
“Lo que sí hay que dejar claro es que muchos piensan que se está negociando la paz, ¡no!, lo primero es el cese al fuego y los cinco puntos de la agenda, la paz viene después”, manifiesta la excongresista, al insistir en que es “ingenuo pensar que por solo sentarse se va a lograr la paz de una vez”.
José Obdulio Gaviria tiene otra mirada y advierte que el Gobierno “va a ceder en todo y las Farc en nada” y explica que eso se debe a que si bien coinciden en la plataforma política, discrepan en la metodología, es decir que “mientras el Gobierno cree en los mecanismos democráticos, la guerrilla sólo cree en el método violento, el poder a través de las armas”.
Más puntual en sus apreciaciones se mostró el senador de la U, Juan Lozano, quien dice que el Gobierno “tiene que exigir la dejación de las armas, el fin del secuestro, no más reclutamiento de niños, el narcotráfico, las minas antipersona y el maltrato a la población, porque son inamovibles”.
Pero, al referirse a la otra orilla, Lozano asegura que el Ejecutivo debe brindar la oportunidad de la reincorporación “generosa” a los miembros de la guerrilla.
Destaca la posición asumida por De la Calle de haber hecho una “sujeción de la agenda” ante lo manifestado por la guerrilla, lo que a su juicio representa que existe claridad sobre lo que se quiere negociar en este proceso.
La agenda definida
En los meses previos a que se conociera que Gobierno y Farc estaban sentados acordando un proyecto de paz, las partes definieron una agenda de cinco puntos que comenzarán a desarrollar en la segunda etapa del proceso que se instaló en Oslo (Noruega) y que iniciará oficialmente el 15 de noviembre.
El primer punto es el de desarrollo rural, con el que se pretende garantizar un mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas y que los servicios del Estado lleguen al campo.
El segundo se refiere a las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, con el cual se busca, como lo dijo el mismo presidente Juan Manuel Santos, acabar para siempre el lazo entre política y armas.
Un tercer punto se refiere al fin mismo del conflicto armado, que consiste en que al final del proceso haya una dejación de las armas por parte de la insurgencia, además de la reintegración de los miembros de las Farc a la vida civil. Todo combinado con las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación.
El cuarto elemento es el narcotráfico, con el que se plantea el combate efectivo a este problema. Y, el quinto punto, establece los derechos de las víctimas, que se basa en los principios de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de quienes se han visto afectados con el conflicto armado interno del país.
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