‘Save Our Souls’ (salven nuestras almas o SOS clave morse). Fue ese el grito contenido que lanzó Monseñor Darío de Jesús Monsalve este lunes. Una alerta en nombre de toda la Iglesia en la ciudad: que no se sigan comprando y vendiendo los barrios de Cali. Que no se compre y venda la vida de la gente.

Según Monseñor, aunque la violencia siempre ha estado presente en Cali, ahora más que nunca el cobro de vacunas, las drogas y las armas se han vuelto el pan de cada día en este municipio y en el resto del Valle, por lo que es momento de que las autoridades respondan por lo que sucede.

¿Qué lo impulsó a lanzar esta alerta?
Nosotros somos testigos de los derramamientos de sangre. Nos alarma lo que está pasando en algunas comunas de Cali frente al dominio en los territorios: la cantidad de gente que está saliendo de los barrios, el desplazamiento forzado. Nos preocupa muchísimo que se haya pasado del gran mercado internacional de la droga al microtráfico, lo que está haciendo gigantesco el número de consumidores.
Hay sectores de Cali por los que no se puede transitar. Y no solo en el Oriente. También en las comunas 20, 21, 1 y otras. En las zonas de montaña, en el área rural, donde hay expendios de droga y zonas de vicio. También nos preocupan Jamundí y Yumbo.

Cuando usted habla de gente que está siendo desplazada de los barrios, ¿se refiere a algo como lo que sucede en las ‘favelas’ de Brasil, donde las bandas delimitan su territorio dentro de las ciudades?
Eso es, tal cual. Lo que se vive hoy en la ciudad es un nuevo sistema feudal, que ya no es con títulos de propiedad, sino con exhibición de fuerza y de armas… Es una negociación. La gente denuncia y dice que sus barrios están siendo vendidos a equis banda criminal. Es muy grave que se negocien el territorio y la vida de la gente. Es alarmante esta economía de impuestos, ‘vacunas’ y extorsiones, además del negocio de las armas y las ollas de vicio. El llamado es a no convertir la ciudad en un infierno. Ese dinero jamás será una riqueza.

¿Cómo es eso de las ‘vacunas’?
Las bandas criminales les cobran ‘vacunas’ a la gente en sus mismos barrios. En algunos sectores están pidiendo $5.000 semanales por cada casa para “dejarlos” habitar el barrio y en el caso de los negocios, les cobran hasta $30.000 y $40.000. Ese dinero es para poder solventar su negocio de la guerra y comprar más armas.

¿A los sacerdotes también les piden ‘vacunas’ o los amenazan?
No, a los sacerdotes los respetan. Yo les he dicho que ellos no son informantes ni de la Policía ni de nadie. Sin embargo, corren los mismos peligros que cualquier ciudadano cuando sale del barrio. Hemos tenido dificultades con agentes pastorales, como catequistas, animadores de comunidades, personal religioso que se está desplazando dentro de la actividad pastoral y se le prohíbe pasar por determinadas calles.

¿Y ustedes saben quiénes están detrás de estas bandas?
Lo que más nos preocupa es quiénes están delante. Yo me pregunto dónde están los líderes del Valle, los grandes jefes políticos, los funcionarios del departamento, dónde estamos nosotros, la Iglesia, y también los no católicos, dónde están las autoridades locales y cómo garantizan transparencia e independencia total. Dónde están las autoridades de Policía y de Ejército.

¿Piensa que los paramilitares y guerrilleros desmovilizados han aportado a que la violencia y el microtráfico en las ciudades aumente?
Claro. Al Gobierno le falta impulsar la locomotora de la economía legal. Una economía que le dé soporte mínimo de sustento a esas familias, que garantice la no reproducción de estas formas de ilegalidad, porque salen de una organización ilegal y la reproducen de otra forma.

¿Usted está dispuesto a sentarse a dialogar con los líderes de las bacrim?
Toda mi vida he estado dispuesto a dialogar con quien lo acepte. Podemos acompañarlos en un proceso de conversión, de reflexión, de un regreso a otro sistema de valores, que no sea forzosamente el de estar capturados o terminar en un cementerio. Si ellos quieren mirar otra alternativa de vida, nosotros estamos prestos. No tenemos recursos, pero tenemos la voluntad.

¿Qué está pasando entonces con el manejo que las autoridades le dan a esta situación?
Al Estado le falta una política estructural, que toque directamente al ciudadano, que vincule a hombres y mujeres en la cultura de la legalidad. En eso hace falta una acción más articulada del Estado entre lo inmediatamente barrial, los municipios, los departamentos y la Nación. Hay que construir ciudadanía, no dar y dar recursos mediante programas que crean dependencia económica del Estado.

La violencia en el resto del Valle es otra situación preocupante. ‘Los Urabeños’, por ejemplo, son como un pulpo que expande sus tentáculos por todo el departamento…
Sí. Ahí es donde vemos que la sociedad colombiana no ha ido a la raíz de los problemas, a las causas. Nos hemos quedado mucho en el ‘show’ de las soluciones y en el aprovechamiento político y electoral de las cosas. Yo creo que el paramilitarismo y la subversión estaban muy unidos al narcotráfico y ahí hay un triángulo de la muerte que el país nunca enfrentó. Han construido una gran pirámide de la impunidad.

Otro problema que va en crecimiento es la minería ilegal, especialmente en Zaragoza donde ya van trece muertes. ¿La iglesia puede servir de garante para negociar?
En cualquier caso, si hay una voluntad de protección de la vida humana, nosotros colaboramos. No somos una ONG ni una organización de derechos humanos. Somos comunidad.

La minería legal también afecta…
Sí. Es un desastre lo que ha pasado en los últimos diez años en Colombia, entregando concesiones a diestra y sinistra y aceptando solicitudes de explotación que comprometen casi toda la geografía del país, sin poner cuidado al significado de esto, desde el punto de vista social, ecológico y de futuro. La minería es flor de un tiempo y ruina del mañana. Los ejemplos están a la vista. El país tiene que pensar en términos nacionalistas el tema de la minería y no dejarse engolosinar con la inversión extranjera. No podemos poner en subasta la estabilidad de los recursos.