La guerra ahogó en sangre la política en Caquetá
Comienza el juicio contra el ex congresista Luis Fernando Almario, quien está siendo procesado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares que al parecer lo ayudaron para llegar al Congreso en el año 2002. Detrás de su caso hay una convulsionada historia política en el Caquetá.
Un domingo de febrero de 1984, un avión Hércules de la Fuerza Aérea aterrizó en el entonces aeropuerto Capitolio de Florencia del que se bajaron los actores Vicky Hernández, Pedro Alcántara y Patricia Ariza, entre otras personalidades que trabajaban en el Teatro de la Candelaria. Con ellos también llegaron varios funcionarios del gobierno conservador de Belisario Betancur.
La comitiva fue llevada a Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán en donde presentaron una obra de teatro a los pobladores, políticos y guerrilleros de las Farc. Los funcionarios por su parte dictaron conferencias en las que mostraron cómo funcionaba el Estado y los planes que tenían para esas regiones del Caquetá. El motivo no era otro que ambientar el acuerdo de tregua que estaba casi cocinado entre la guerrilla y el gobierno de Betancur.
Era una época de apertura política para incluir en el juego a los movimientos alternativos a los partidos tradicionales y el Estado prometía incluir al Caquetá en serio en sus planes de inversión con vías y proyectos de acueductos y alcantarillado.
El enfrentamiento armado apenas si había cobrado dos víctimas. La primera había sido Miguel Ángel Osorio, concejal del Partido Comunista y presidente del Concejo de Puerto Rico, asesinado el 19 de octubre de 1981 por las fuerzas de extrema derecha que empezaban a asomar en la región. La segunda fue el dirigente turbayista Félix Tovar el 9 de enero de 1983, quien fue secuestrado por la guerrilla y liberado meses más tarde.
Alvaro Fayad (M-19), Ivan Marino Ospina (M-19) Manuel Marulanda (Farc) y Jacobo Arenas (Farc) en las conversaciones de paz en La Uribe, Meta, durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986).La presentación teatral ocurrió un mes antes de que en La Uribe, Meta, el gobierno de Belisario Betancur firmara la tregua con las Farc, luego de una exitosa negociación de paz. La ilusión de paz y de progreso se extendía por el departamento. En Santa Fe del Caguán, una inspección de Cartagena del Chairá, se reunieron Henry Millán, jefe del llamado Frente Democrático; Rodrigo Turbay del Partido Liberal –en representación de su padre, el principal político tradicional caqueteño, el senador Hernando Turbay– ; Ómar Ortega, senador del Partido Conservador; los comandantes de las Farc, Luciano Marín (‘Iván Márquez’), Jorge Briceño (‘El Mono Jojoy’), Milton Toncel Redondo alias (‘Joaquín Gómez’) y Ernesto Suárez (‘El Abuelo’); y casi todos los demás políticos y guerrilleros de alguna relevancia en el departamento.
Betancur había autorizado que en las regiones donde estaba las Farc se iniciaran diálogos que permitieran ambientar con las dirigencias regionales el acuerdo que se firmaría en La Uribe. La Unión Patriótica (UP), el partido político hacia el cual las Farc transitarían a medida que dejaran las armas, estaba por nacer y era importante que los políticos tradicionales de las regiones se hicieran a la idea de que iban a competir con éste. En esa reunión de Santa Fe del Cagúan, políticos y guerrilleros firmaron un documento en el que respaldaron el proceso de paz y se comprometieron a brindar todas las garantías al nuevo partido.
Las tres fuerzas políticas
Cuando ese pacto de paz se firmó eran tres las fuerzas políticas en Caquetá; la principal era la del liberalismo de Hernando Turbay, otra tradicional era el conservatismo de Omar Ortega, y la tercera era la nueva y pujante del Frente Democrático, una alianza de grupos de izquierda.Hernando Turbay, pariente del ex presidente Julio César Turbay y cómo éste de origen libanés, había llegado a Caquetá cuando aún era una tierra virgen. Allí lideró la colonización, él mismo se hizo a la extensísima finca Guacamayas, y además montó un imperio político a la vieja usanza, ganándose la voluntad de la gente repartiendo auxilios de la Nación, atendiendo campesinos a diario, como un padre preocupado por sus hijos y trayendo la modernidad a esta selva.
“El viejo Hernando usaba la chequera del Congreso y trasladaba la plata a la asociación Jorge Eliécer Gaitán que era suya”, le explicó Gustavo Cabrera, miembro de la academia de historia de Caquetá a VerdadAbierta.com. “Vivía en función de la política, iba a las veredas en donde conocía a todo el mundo, echaba un discurso y entregaba el cheque. Lo grande y lo bueno se hizo de la mano del cacique. Así funcionaba el sistema”.
Don Hernando, como le decía todo el mundo, se movía por toda la región sin problemas con la guerrilla, incluso se dice que conocía a los padres de los guerrilleros que lo saludaban con familiaridad cuando se lo topaban en las carreteras. “Era un benefactor que trabajaba con todo el mundo, que respetaba a todo el mundo”, le dijo un dirigente de la región a este reportero.
Los conservadores por su parte eran liderados por Ómar Ortega, quien tenía su fortín electoral en el sur de la intendencia (pues Caquetá aún no era departamento). Así a los municipios de influencia conservadora, Belén de los Andaquíes, Morelia, Valparaiso, San José de Fragua, Albania y Curillo, los llamaban Costa Azul.
La izquierda había logrado unirse a comienzos de los ochenta bajo el lema del Frente Democrático bajo la dirección de Henry Millán. Aglutinaba movimientos disímiles como la Alianza Unión Nacional de Oposición (UNO), el movimiento Firmes que había sido fundado por el dirigente socialista Gerardo Molina en 1979 y bajo el cual se habían integrado algunos dirigentes del M-19, y la Izquierda Liberal bajo la tutela de Númar Díaz, que luego se integraría en el Nuevo Liberalismo que orientó Luis Carlos Galán.
Fue a este Frente Democrático al que se sumó la recién nacida UP y juntos se presentaron a las elecciones de 1986. Florencia fue la primera capital en que este nuevo movimiento político realizó su primer acto político el 18 de mayo de 1985, con la presencia de los jefes guerrilleros en tregua, Luciano Marín (Márquez), El Abuelo (Suárez) y Milton Redondo (Gómez).
Las elecciones de 1986
Una vez salió a la política la Unión Patriótica, empezaron a caer asesinados sus militantes. Foto: Semana.La alianza de partidos de izquierda, a la que se le sumaron profesores y sindicalistas, tuvo varios triunfos en los comicios de 1986. Henry Millán logró una curul a la Cámara y como suplente quedó Luciano Marín (Márquez), entonces inspector político de las Farc. Además, la UP, en coalición con otros partidos, logró consolidar mayorías en los Concejos de cuatro municipios que hasta entonces habían votado por el turbayismo: Paujil, Montañita, Cartagena del Chairá y Puerto Rico.
En ese entonces, los alcaldes eran nombrados por decreto por el Gobernador, quien a su vez era nombrado por el Presidente de la República. El gobierno de Virgilio Barco se había comprometido a respetar las mayorías en los concejos y a nombrar a los alcaldes nominados por la colectividad que ganara. Sin embargo, el gobierno departamental de la época no quiso hacerlo en dos municipios (donde había ganado la UP) y designó a liberales en esos cargos, sin importar que el turbayismo hubiera ganado ya en 12 municipios. Así que en lugar de quedar 12 alcaldes de Turbay y 4 de la izquierda, quedaron en manos del jefe tradicional 14 alcaldías.
“Esto generó tensiones entre la UP y el turbayismo”, dijo a este reportero un dirigente de izquierdas del Caquetá, a pesar de que el liberalismo y la UP se habían aliado tras la candidatura a la Alcaldía de Florencia del turbayista, Gustavo Artunduaga Paredes. Este oficial en retiro de la Fuerza Aérea, pionero de la aviación en la Amazonía, fue asesinado meses antes de la jornada electoral, que lo daba como seguro ganador. Aunque en la región se sindica a las Farc, esta guerrilla nunca reivindicó el crimen.
Estos dos hechos, que el turbayismo no respetara el triunfo de la izquierda en dos alcaldías y el asesinato de Artunduaga, fueron señales preocupantes de que el pacto de Santa Fe del Caguán que habían firmado las fuerzas políticas locales se iba a quedar en letra muerta: ni estaban respetando el proceso de paz y ni le estaban dando el espacio y garantías a la nueva política.
En el país, ese año, la UP se consolidó como la tercera fuerza electoral con 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados y 23 alcaldes. No pudieron perseverar como partido, sin embargo, porque fueron perseguidos hasta el exterminio en todo el país.
Y Caquetá no fue la excepción. En 1987, un policía asesinó a Jaime Londoño, concejal de la UP en Curillo, en el límite con Putumayo, cuando salía de una fiesta familiar. “La gente pedía que se tomaran la estación, pero se protestó ante el Gobernador y cambiaron a todos los agentes”, contó Octavio Collazos, dirigente comunista de la región.
A cada muerto de la UP, las Farc, que combinaban todas las formas de lucha, había una retaliación con atentados a la fuerza pública y asesinatos a sus contrincantes de la derecha. Así el 16 de junio de 1987 lanzó un ataque contra el Batallón Cazadores del Ejército con sede en San Vicente del Caguán, que dejó 27 soldados muertos. Como respuesta, el presidente Barco anunció que en cualquier sitio donde fuera atacada la Fuerza Pública se consideraba rota la tregua firmada en 1984 que, teóricamente al menos, seguía vigente. El 3 de septiembre de ese mismo año, otro turbayista, el presidente de la Asamblea, Ángel Ricardo Acosta, fue asesinado presumiblemente por las Farc.
Por esos días ‘Euclides’, miembro de los cuadros políticos de la guerrilla fue detenido en un retén del ejército entre Montañita y Florencia, y apareció muerto ocho días después. El jefe de las Farc, Manuel Marulanda (cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín), empezó a desconfiar. Sospechaban que el gobierno les daba salvoconductos a los guerrilleros para que pudieran hacer política porque así le quedaba más fácil identificarlos y matarlos.
“La luna de miel duró muy poco”, dijo un dirigente de la UP a VerdadAbierta.com. “La UP era la apuesta de Jacobo (Arenas), con el escepticismo de Marulanda y ‘El Mono’ Jojoy. Este último le decía a Márquez: ‘Los van a cazar como ‘patos’”. Y tuvo razón. Desde ese momento, según estadísticas que llevan los sobrevivientes de la UP, en Caquetá cayeron asesinadas 120 personas, entre dirigentes y militantes suyos en quince años desde que nació la UP en 1984.
“Esos son los casos que hemos documentado para la demanda (ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, dijo el dirigente comunista Collazos, quien señala que detrás de estas muertes estaba el establecimiento de la época para el que la UP era una amenaza. “Estaba en disputa el poder político, por eso nos decían que éramos aliados de la guerrilla. Le daban elementos a los militares para que nos persiguieran”.
Tras la muerte de un militante o un dirigente de la UP, siempre llegaba la retaliación de la guerrilla, y de ahí que el liberalismo turbayista también pusiera un número enorme de muertos. Una de las primeras en caer fue la candidata a la alcaldía de Puerto Rico, Natalia Mejía, quien además había sido gerente de la licorera. Fue asesinada el 16 de enero de 1988. El gobierno de Barco resolvió nombrar a un gobernador militar Edi Alberto Pallares para frenar la violencia, pero ésta siguió creciendo.
Entre la coca, la guerrilla y la política
“De alguna manera Hernando Turbay fue un dique de contención a las Farc”, dijo un dirigente liberal a VerdadAbierta.com. “Entonces todas las obras tenían el sello de Turbay y con los auxilios educativos formó a conservadores, liberales y de izquierda. Por eso quizás, nadie atentó contra él. El 13 de agosto de 1990 murió en su cama. Dos días después, el 15 falleció también de muerte natural, Jacobo Arenas, ideólogo de las Farc, que creía firmemente en que sería posible firmar la paz y quien había sido también dique de contención, pero a la expansión del narcotráfico porque se oponía a que las Farc se metieran en el negocio, más allá del cobro de una cuota al peso de la hoja que se vendía (gramaje).
Sin estos dos dirigentes, la política del Caquetá cambió radicalmente. Las Farc iniciaron la expansión que habían planeado desde 1982 y la financiaron ya no sólo con el cobro de extorsiones a la hoja de coca, si no involucrándose cada vez más activamente en el narcotráfico. Bajo su protección armada en parte del departamento, Caquetá se volvió el principal productor de coca del país. En 2000 los cultivos de esta mata alcanzaron una extensión de 26 mil hectáreas, según los datos del Simci.
Del otro lado, el aparato político de los Turbay financiado con los auxilios parlamentarios, se quedó sin fuente de ingresos pues la Constitución de 1991 prohibió estos auxilios. Ahí quedó abierta la posibilidad de que la nueva moneda fuerte del Caquetá, la que dejaba la coca, fuera la que impusiera la política.
Pero eso no sucedió de inmediato. La tradición Turbay era muy fuerte entre la gente. Rodrigo Tubay Cote, más por la empresa electoral que había heredado que por su vocación de político, fue elegido a la Cámara de Representantes y su madre, Inés Cote de Turbay, llegó a la presidencia de la Asamblea Departamental. Y los ánimos pacificadores de la Carta del 91 se sintieron en este alejado departamento del sur del país.
Así, el polémico monseñor José Luis Serna, obispo de Florencia, consiguió realizar un encuentro por la paz en Morelia, al sur del departamento, en el que todas las fuerzas políticas volvieron a firmaron una declaración conjunta. Esta proponía una campaña sin violencia para las elecciones de 1992.
Menguada por los asesinatos, en esa elección de 1992 la UP perdió el terreno político que había ganado en la del 86. También le pesó el desprestigio de su cercanía con unas Farc cada vez más violentas y contaminadas del narco. Henry Millán, el representante caqueteño de la coalición de izquierda en el período 1986-1990, perdió su curul.
Fueron elegidos a la Cámara, Rodrigo Turbay y, un joven conservador, forjado bajo el ala de Ómar Ortega, Luis Fernando Almario. Ambicioso, quería convertirse en el nuevo patriarca del departamento, y por eso se presentó con una alianza cívica, y se alió con políticos de todos los partidos.
Golpe al turbayismo
De nuevo los pactos de no violencia quedaron en el papel. A las siete de la noche del lunes 20 de julio de 1992, según informó el diario El Líder de Florencia, dos sicarios asesinaron al concejal conservador Álvaro Rubiano Suárez, quien había sido alcalde de la capital del Caquetá en 1984 y aún no se conocen los autores. Un año más tarde, el 7 de diciembre de 1993, fue asesinado Millán, aquel representante de la UP que no había conseguido reelegirse y se había retirado luego del Partido Comunista.
Las Farc, ricas y en plena expansión, quisieron demostrarle al nuevo gobierno de Ernesto Samper que no habían desaparecido del mapa, luego del bombardeo militar a Casa Verde en diciembre de 1990 y de las múltiples conversaciones frustradas con el gobierno de Gaviria para encontrarle una salida pacífica al conflicto.
Rodrigo Turbay fue el primer miembro de esta familia en morir a manos de las Farc. Foto: diario El Líder.El 16 de junio de 1995 le dieron un golpe fatal al turbayismo. Secuestraron a Rodrigo Turbay Cote, quien si bien era Representante a la Cámara, había sido suspendido por la Corte Suprema de Justicia quien lo investigaba por tráfico de influencias en la adjudicación de la construcción de la carretera que une al Huila con Caquetá. Según cuentan algunos testigos, la guerrilla lo citó en Paujil, junto con su colega, el representante conservador Almario. No llegó Almario a la cita y Turbay fue secuestrado.
Almario aseguró en una carta enviada a VerdadAbierta.com que el entonces jefe del frente 15 de las Farc, alias Arturo Medina, le escribió a Fabián Ramírez en la que le informó que planearon el secuestro de Turbay y de Almario, por lo que el entonces comandante de la XII Brigada, general Néstor Ramírez, “interpuso una demanda contra Medina por el secuestro de Turbay y el intento de secuestro de Almario.
Las Farc aseguraron que lo habían retenido para hacerle un juicio político. Ante la presión pública, las Farc ofrecieron darle pruebas de supervivencia del joven Turbay al gobernador electo por una coalición del turbayismo con Almario, Jesús Ángel González. Éste salió con su conductor a una vereda del municipio de Paujil a buscar las pruebas, pero no volvió. Apareció luego asesinado con su conductor el 20 de junio de 1996.
Viendo en sus últimas al turbayismo, Almario se movió rápido. Convocó a una reunión de políticos en el veraneadero Melgar, Tolima. Allí calcularon que Turbay ya no regresaría del secuestro y resolvieron repartirse la burocracia y los contratos del departamento dejando por fuera al turbayismo. La señora Inés Cote, viuda de Turbay, y poderosa matrona, llamó ‘Las Hienas’ a los traidores que, como Pablo Adriano Muñoz se habían formado con su esposo y habían asistido a la infame reunión. Los acusó de haber conspirado con las Farc para impedir que su hijo volviera a casa. Almario aseguró en su carta a VerdadAbierta.com que el no convocó ni asistió a esa reunión.
“En ningún momento doña Inés Cote me señaló a mí como partícipe de esta acusación y en ningún momento habló de una reunión en Melgar, Tolima, supuestamente lideradas por mí y mucho menos denominar de Hienas a quienes asistieron a las misma”, dice el político actualmente preso procesado por la Corte Suprema por el delito de concierto para delinquir.
A los pocos meses, el 3 de mayo de 1997, Rodrigo Turbay apareció muerto, ahogado en el río Caguán. Su cuerpo fue entregado por la guerrilla en una escuela del caserío Cristales de Cartagena del Chairá.
Tres meses después de su muerte, en un operativo contra un campamento de las Farc en el Caquetá, el Ejército encontró un reporte de visitas donde aparecía varias veces el nombre de Pablo Adriano Muñoz. Tras varias investigaciones, la Fiscalía detuvo a Muñoz, al aspirante a la gobernación Andrés Páez Moreno y a Boris Alberto Cabrera, dirigente de la UP. El 10 de septiembre de ese año también fue detenida la diputada Nelly Suárez, por su presunta vinculación en el secuestro del representante liberal. Aun así, en agosto de 1997, en un comunicado público, el Bloque Sur de las Farc desmintió la participación de los diputados caqueteños. (Ver artículo).
En julio de 1998, una fiscalía de Bogotá decidió que no había pruebas suficientes para llamar a juicio a Muñoz, Páez y Cabrera por la supuesta complicidad en el secuestro y asesinato de Rodrigo Turbay.
Crímenes sin fin
La muerte de Rodrigo Turbay desató la furia violenta en el Caquetá. En menos de siete meses fueron asesinados los alcaldes del municipio de Solano, una zona de influencia paramilitar, Demetrio Quintero (19 de junio de 1996); Edilberto Murillo (16 de febrero de 1997) y Edilberto Hidalgo (4 de octubre de 1997. En la campaña para elección de autoridades locales de ese año, las Farc obligaron a renunciar a decenas de candidatos a todos los cargos, mediante amenazas y hostigamientos.
El turbayismo no se había dado por vencido, a pesar del asesinato de Rodrigo. Diego, su hermano menor, regresó de Europa, en donde se había criado y donde ahora ocupaba un cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, para lanzarse como candidato a la Alcaldía de Florencia. Pero perdió con Lucrecia Murcia, en 1997. Según un dirigente liberal, lo más importante que logró el menor de los Turbay, a pesar de haber perdido, fue romper con la prohibición que habían querido imponer las Farc a todos los candidatos de hacer campaña en las elecciones regionales de ese año.
En 1998, Diego Turbay salió elegido a la Cámara de Representantes y pronto fue nombrado como presidente de la Comisión de Paz. Eran los tiempos en que el gobierno nacional encabezado por Andrés Pastrana empezaba a consolidar un nuevo proceso diálogo con las Farc para buscarle una salida negociada al conflicto armado.
Con unas Farc fortalecidas en todo el país, el gobierno entró en la negociación en una posición débil. Concedió a la guerrilla el despeje de un amplio territorio en el municipio de San Vicente del Cagúan en Caquetá, de donde salió la fuerza pública. Las Farc se convirtieron así en la autoridad de facto de la región y su tarea de eliminar físicamente a todos sus enemigos políticos no cesó.
El 16 de enero de 2000 en la vía que de La Montañita conduce a Florencia, un grupo de las Farc asesinó al alcalde de Las Palmas, José Ibsen Fierro. Diez días después, Andrés Páez Moreno, uno de los diputados que la Fiscalía había liberado luego de que hubiera sido acusado como autor intelectual del secuestro de Rodrigo Turbay, fue asesinado en la vía Melgar, Bogotá por dos sicarios que, al parecer, envió la columna Teófilo Forero desde Caquetá
Diego Turbay y su madre Inés, fueron asesinados por las Farc. Foto: Semana.Mientras el diálogo avanzaba con muchos tropiezos, tanto el gobierno como las Farc arreciaron su guerra. En Caquetá, las guerrillas asestaron un golpe mortal a la democracia local el 29 de diciembre de 2000. Ese día, Diego Turbay, su madre Inés y siete personas más fueron asesinados por integrantes de las Farc, cuando se dirigían en la vía de Florencia a Puerto Rico con una comitiva de seguidores a la posesión del alcalde de ese municipio, José Lizardo Rojas. El crimen espantó al país porque Turbay se había declarado amigo del proceso de paz, y su madre era ya una señora mayor. Los bajaron de los automóviles en los que iban, los hicieron tirarse al piso y los acribillaron por la espalda.
Las Farc sin embargo no pararon. Al propio Rojas lo mataron el 30 de agosto de 2001. Un mes largo después, el 10 de octubre de 2001, asesinaron al alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Elías Marín Peña, que había sido elegido un año antes. Solo tres meses más tarde, el 8 de enero de 2002, un pistolero al mando de alias ‘el Mocho César’ acribilló a John William Lozano, un contador público que había sido elegido por el gobernador Pablo Adriano Muñoz, para reemplazar al también asesinado alcalde de Puerto Rico.
Este municipio sería el escenario de otra masacre política el 24 de mayo de 2005, cuando hombres en camuflado entraron al recinto del concejo municipal y asesinaron a 4 ediles y al secretario de esa entidad. Tres de ellos alcanzaron a sobrevivir.
Sólo hasta una década después se empezó a develar cuál era la estrategia política detrás de todos esos asesinatos. En 2011, el noticiero de televisión Noticias Uno divulgó un video en el que dos guerrilleros del Bloque Sur, Mauricio Gareca y Rubén Polanco, sostuvieron que el político conservador rival de los Turbay, Luis Fernando Almario tenía nexos con las Farc y era quien les había pedido “sacar de la arena política a los Turbay”. “En el caso del representante Rodrigo Turbay, se nos informó de la forma en la que se estaba apropiando de unas partidas del contrato de la carretera Suaza-Florencia, entonces decidimos detenerlo para hacer una investigación y hacerle un juicio político”, dijo Gareca en el video.
Sobre este video, Almario aseguró que “los dos guerrilleros del mencionado video los denuncié por injuria y calumnia, pues cualquier observador responsable facilmente se puede dar cuenta que están faltando a la verdad y entonces su propósito es contribuir con los instigadores del fraude procesal en mi contra…”, sostiene el detenido dirigente político.
El guerrillero también aseguró que Almario los contactó para informarles del desplazamiento de la comitiva de la familia Turbay a Puerto Rico, donde fueron asesinados por sus hombres. Por estas y otras declaraciones, Almario fue acusado por la Fiscalía de ser autor intelectual de la masacre donde cayeron los Turbay y sus seguidores políticos. El caso aún está pendiente de resolverse ante la Corte Suprema de Justicia.
Paradójicamente, otras pruebas allegadas por la Corte tienen hoy a Almario en juicio ante esta misma Corte por sus posibles nexos con el paramilitarismo en Caquetá, que se estableció desde mediados de los noventa en el sur del departamento, en la zona de influencia conservadora. La Procuraduría lo destituyó de su cargo de Representante y lo inhabilitó por 15 años por sus nexos con grupos armados ilegales. Almario también había sido procesado, acusado haber recibido 40 millones de pesos del Cartel de Cali durante el proceso 8.000, pero él renunció a su fuero, evadió así un juicio ante la Corte Suprema, y un juez lo encontró inocente de los cargos.
La violencia de la política caqueteña y la contaminación de varios de los actores con el narcotráfico, torció de tal manera a los actores, que de comprobarse la participación de Almario en los hechos de que se le acusan, la conclusión sería que las Farc terminó metida en el absurdo político de servirle a políticos que colaboraron con el paramilitarismo.
Hoy Caquetá padece los rezagos de esa mezcla peligrosa entre grupos armados ilegales, narcotráfico y politiquería, que deja un saldo de dos gobernadores y por lo menos 30 dirigentes y líderes de diferentes sectores asesinados; el movimiento político tradicional del turbayismo aniquilado físicamente; sus dos únicos congresistas detenidos (Luis Fernando Almario y Álvaro Pacheco) por nexos con paramilitares y el primero también porque presumiblemente conspiró con las Farc para cometer una masacre; y la larga historia de lucha campesina de las Farc atrapada en las arenas movedizas del lucrativo negocio de la coca.
Sin líderes políticos indemnes de la guerra y la corrupción, el rico departamento del Caquetá ha quedado estancado. Su gente está entre las más pobres del país y la costosa guerra del Estado contra las Farc, cuyo último capítulo fue el Plan Patriota, ha tenido allí sus peores fracasos. Ahora los caqueteños presencian a nuevos movimientos políticos que buscan florecer ante la perspectiva de que el nuevo proceso de paz con las Farc los lleve por fin a poder competir en la política democrática local, sin morir en el intento.
* Este artículo hace parte del especial periodístico Las Farc y el conflicto armado en Caquetá
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