Los pobladores de los corregimientos La Habana, en Buga, centro del Valle del Cauca, se desplazaron en octubre de 2001 cuando paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con el apoyo de integrantes de la Policía y del Ejército, asesinaron a 24 campesinos. Las tierras quedaron abandonadas, pero con el paso de los años la gente fue retornando para levantar de nuevo sus parcelas.
Para recuperar sus propiedades, uno rural y otro urbano, dos familias solicitaron su restitución y hace pocos días los jueces especializados Segundo y Tercero en Restitución de Tierras de Buga les dieron la razón. La primera familia solicitó garantías para recuperar su vivienda en el caserío de La Habana, luego de ser dos veces víctima: primero de las Farc, que asesinaron a la mamá, y segundo, de los paramilitares, que terminaron desplazándolos con la ola de violencia de la época.
La segunda abandonó la finca después de que los paramilitares asesinaron a un pariente durante la masacre. En sus peticiones, le solicitó al gobierno que le compensara con otro predio distinto al abandonado no solo porque aún tiene temor de regresar sino porque la finca se encuentra sobre una zona de reserva forestal.
Las dos sentencias ponen en evidencia que la violencia generada por guerrilla y paramilitares terminó expulsando a campesinos no solo de sus fincas sino de las viviendas en los cascos urbanos de los corregimientos.
Además de la restitución, los jueces ordenaron que las diferentes instituciones del Estado, como el Incoder, el Banco Agrario y el Ministerio de Educación, les den acceso a estas familias a proyectos productivos, créditos y capacitación. También le solicitó al Centro Nacional de Memoria Histórica documentar la violencia que azotó a Buga.
A partir del relato de las dos familias, VerdadAbierta.com reconstruyó los dos episodios más fuertes de la violencia en Buga: el primero desencadenado por las Farc y luego por las Auc, desplazando entre 1999 y 2004 a 3 mil habitantes, según el Registro Nacional de Víctimas, RUV.
De ‘Pablo Catatumbo’ a ‘H.H.’
El centro del Valle del Cauca tuvo presencia de la guerrilla entre los años ochenta y finales de los noventa con el Frente 6 de las Farc y las columnas móviles Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Alirio Torres. En Buga eran comunes los secuestros y las extorsiones, y la constante amenaza contra la población por supuestamente colaborar con la Fuerza Pública.
La Unidad de Tierras documentó que Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, jefe del Bloque Occidental de las Farc, era quien tenía mayor presencia en esta región. Hoy, este insurgente, hace parte del Secretariado de las Farc y es uno de los negociadores en La Habana, Cuba, en el proceso de paz que adelanta esa guerrilla con el gobierno nacional. En Buga, las víctimas aún recuerdan la crudeza con que este grupo subversivo sembró el terror.
A finales de 1999 la violencia generada por la guerrilla se incrementó con la llegada de los paramilitares. A mediados de ese año Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Auc, enviaron a diversas áreas del Valle del Cauca a un grupo de hombres entrenados en sus fincas de Córdoba.
Según un borrador que preparó Vicente Castaño para la que iba a ser su primera versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la presencia de esa facción de las Auc fue solicitada por personas influyentes del departamento para combatir la subversión. A ese grupo se le conoció después como Bloque Calima. (Lea: La maquinaria de guerra del Bloque Calima).
Según documentó la Unidad de Tierras, para dar la pelea, alias ‘Pablo Catatumbo’ reunió por lo menos 1.200 guerrilleros en el centro del Valle. Lo que vino después fueron masacres y asesinatos en los que de por medio quedó la población civil. El 23 de agosto de 1999, por ejemplo, 85 paramilitares llegaron hasta el corregimiento El Placer, en Buga, y asesinaron a cinco campesinos. Para entonces los jefes del Bloque Calima eran Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’, y Rafael Antonio Londoño alias, ‘Rafa Putumayo’ (Lea en Rutas del Conflicto: La masacre de El Placer, Valle del Cauca).
En el año 2000, paramilitares y guerrilleros continuaban disputándose el centro del Valle del Cauca. Roberto Martínez*, un habitante del corregimiento de La Habana le contó al Juez de Restitución que, en julio de ese año, cuatro encapuchados que portaban brazaletes de las Farc y del Eln golpearon la puerta de la casa a las siete y media de la noche y le dispararon a su esposa. La mataron porque ella cuidaba una propiedad donde, supuestamente, habían intentado esconderse unos policías.
Después del funeral, los guerrilleros amenazaron a la familia y le ordenaron abandonar el pueblo. Con lo poco que pudieron empacar se desplazaron hasta otro departamento durante varios meses. Martínez hizo parte de las 830 personas que, según registros oficiales, salieron expulsadas ese año de zonas rurales de Buga por cuenta de la violencia generada por guerrilleros y paramilitares.
Al siguiente año la situación empeoró. Los paramilitares del Bloque Calima cometieron una segunda masacre en Buga. El 10 de octubre, por lo menos 35 paramilitares realizaron un recorrido por varias veredas de los corregimientos La Habana y La Magdalena y asesinaron a 24 campesinos.
Según lo documentó Justicia y Paz, los paramilitares mataron a comerciantes, tenderos y campesinos señalándolos de colaborar con la guerrilla. A unos los obligaron a salir de sus casas, a otros los reunieron cerca de la parroquia del pueblo y a varios más los bajaron de un vehículo de transporte público. A todos los dispararon. La barbarie fue conocida como la masacre de Alaska. (Lea en Rutas del Conflicto: La masacre de Buga)
La Nación fue condenada por esos hechos luego de que en 2009 un juez de Buga determinara que ni el Batallón Palacé del Ejército ni el comando de la Policía de esa ciudad, a sabiendas de la presencia paramilitar en la zona, evitaron la tragedia (Lea:Condenan a la Nación por no evitar la masacre de Alaska). En desarrollo de las versiones ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Hébert Veloza alias ‘H.H.’, quien para la época era el jefe del Bloque Calima, aseguró que la masacre contó con la complicidad de altos mandos del Batallón Palacé.
En el juicio de restitución de tierras, Roberto Martínez relató que ese 10 de octubre de 2001 estaba sacando guadua cuando, a las dos de la tarde, vio un carro en el que se transportaban hombres uniformados. Luego escuchó una ráfaga. Martínez contó que después de la masacre se desplazó por segunda vez, tuvo que acudir a ayuda psicológica y sólo después de un tiempo retornó de forma voluntaria al caserío de La Habana con la idea de recuperar su casa.
La familia de Marina Olivares*, otra de las beneficiadas con el fallo de restitución, tuvo que abandonar su finca de 13 hectáreas luego de que uno de sus hijos fuera asesinado en la masacre de La Alaska. En su predio, que trabajaban desde 1993, cultivaban plátano, café, mora, papa y habichuela.
En 2001, el número de desplazamientos se duplicó respecto al año anterior. Según cifras estatales, en 2000 las autoridades reportaron la expulsión de 830 personas mientras que al año siguiente la cifra ascendió a 1.679 campesinos.
A diferencia de la familia Martínez, los Olivares no retornaron y le solicitaron al juez de restitución que los compensaran con otro predio de iguales condiciones en otra zona del departamento, no solo porque expresaron tener miedo de volver sino porque la finca está sobre una zona de reserva forestal. De acuerdo con las normas transicionales, cuando una finca reclamada por las víctimas está en áreas protegidas por la Ley 2 de 1959, la Unidad de Restitución puede solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la sustracción del predio de esta reserva o pedir una compensación.
En la actualidad las familias desplazadas del corregimiento de La Habana esperan que más fallos les den las garantías para hacer prósperas las pequeñas parcelas de los sectores rurales de El Placer, La María, La Magdalena, La Mesa, Rioloro, Nogales, El Diamante, Alaska, La Habana, Frisoles y La Florida, abandonas por culpa de la guerra.
* Nombre cambiado por razones de seguridad.
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